Si el dinero invertido en el Plan-E se hubiese dirigido
a garantizar la propiedad de las primeras viviendas en cada economía doméstica,
en estos momentos no tendríamos los desahucios que se están produciendo, ni los
problemas derivados de la falta de garantías crediticias.
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Que las administraciones locales y autonómicas no pueden
hacer frente puntualmente al pago de la deuda de sus proveedores es una
realidad que ya está presente. Que como contrapartida los proveedores han
aplicado o están aplicando la “prima de riesgo” que les “dá la gana” sobre sus
precios es otra realidad muy probable y verificable. Que estas administraciones
en un futuro próximo no podrán hacer
frente al pago de sus gastos ordinarios entre ellos las nóminas de los
funcionarios es una realidad posible y que está por llegar. Que el gobierno
Central no podrá hacer frente al pago de los vencimientos de su deuda en los
mercados financieros internacionales y tendrá que ser rescatado es otra
realidad probable y que también está por llegar. Y que cuando llegue el plan de
rescate nos harán un plan de subida de impuestos para que usted y yo seamos los
verdaderos rescatadores, es otra realidad con la que tendremos que “apechugar”.
Pero, mientras tanto ¿quién rescata a
las economías domésticas de los desahucios a los que no pueden hacer frente?
La burbuja inmobiliaria que degeneró en la actual crisis
económica tiene unas connotaciones que no ha tenido ninguna de las crisis anteriores.
Recientemente los titulares de Cantabria El Mundo han destacado que la crisis
se ha cobrado en medio año 144 desahucios. Es un dato que clama justicia, sobre
todo cuando la Constitución Española establece en su artículo 47 que: “Todos
los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho,..”
Ciertamente el que se ha endeudado para
comprar su vivienda lo ha hecho libremente y a nadie se ha obligado a pedir un
préstamo hipotecario, pero las circunstancias del mercado inmobiliario han
planteado para muchas familias situaciones en que lo “razonable” era asumir un
riesgo y endeudarse con la esperanza de poder pagarlo a su vencimiento y en
caso contrario se obtendría una plusvalía con su venta. La explosión de la
burbuja dio al traste con esta plusvalía y la crisis posterior dio al traste
con la posibilidad de pagar los vencimientos de la deuda hipotecaria. Si a esto
añadimos la experiencia de burbujas anteriores, la actual crisis tiene
connotaciones que eran imprevisibles para las economías domésticas.
En el año 1989 se inició una burbuja
inmobiliaria con incrementos importantes de la vivienda que no cesaron hasta la
crisis económica de 1992. El efecto sobre el sector inmobiliario fue que los
precios de las viviendas se mantuvieron prácticamente estables durante siete
años, pero en ningún momento bajaron ni inutilizaron el mercado inmobiliario ni
el sistema de garantías crediticias.
En el año 1998 se inició una burbuja de
las empresas tecnológicas que se mantuvo hasta el año 2000 con la crisis de las
punto.com y la caída de la bolsa. El resultado fue que unos inversores se
enriquecieron y otros –los últimos en llegar- se empobrecieron, pero nada más.
Posteriormente se inició en el año 1999
y 2000 la última burbuja inmobiliaria que se mantuvo ininterrumpidamente hasta
el año 2007 gracias a los bajos tipos de interés. Si bien como hemos dicho
antes nadie fue obligado a pedir su hipoteca, la nefasta configuración de la
Unión Monetaria Europea, del Euro y del Banco Central Europeo, y la
irresponsabilidad de la Reserva Federal que propició la crisis de las subprime
han desencadenado la crisis económica actual en los países europeos periféricos
entre los que está España. Y si a esto añadimos que en España por los problemas
estructurales del mercado sindical y laboral, que tienen nombres y apellidos,
tenemos una ración doble de crisis con el doble de paro que en el resto de los
países de la Zona Euro, se comprende la insostenible situación en la que
estamos. Y es que la vivienda además de ser
un bien de inversión la mayor parte de las veces es sobre todo un bien de
primera necesidad y la explosión de la burbuja en estos casos se dirige
directamente sobre la economía doméstica destrozándola. Es evidente que el
Estado no puede desentenderse de este problema salvo que quiera que el
movimiento de indignados degenere en un terrorismo de baja intensidad.
Soluciones las había y las hay todavía,
aunque para los que ya han sufrido un desahucio sean más difíciles de
instrumentar. Y las soluciones están en la línea de acumular opcionalmente los
capitales vencidos de los préstamos y los intereses devengados en la escritura
de propiedad de la vivienda. Si el dinero invertido en el Plan-E se hubiese
dirigido a garantizar la propiedad de las primeras viviendas en cada economía
doméstica, en estos momentos no tendríamos los desahucios que se están
produciendo, ni los problemas derivados de la falta de garantías crediticias.
Conviene no olvidar tampoco qué el Tipo de Cambio del Euro está fuerte respecto
al Dólar, el renminbi chino (RMB) muy devaluado, y la inflación está controlada
en la Zona Euro; y que el “dinero” en última instancia se fabrica, es decir hay
una “maquinita” por la que por un lado se introduce papel, tinta y otros materiales
y por otro lado salen billetes de cinco, cien, quinientos euros. Cuando la
economía funcionaba con el sistema de patrón oro, los galeones españoles venían
de América cargados de lingotes e inundaban los mercados financieros de moneda.
Ahora lo tenemos más fácil porque no hay que ir a las Américas a buscar moneda.
El problema de fondo es ¿quién paga los platos rotos?: los ciudadanos de países
periféricos mediante subidas de impuestos, los ciudadanos de la zona euro
mediante un incremento de la inflación o bien los países acreedores como China
y Sudeste Asiático que, como no tienen la llave de la Caja -los dólares los
genera la Reserva Federal y los Euros el Banco Central Europeo- se les paga con
moneda recién emitida y todavía caliente.
También hay que tener presente algunas
circunstancias que hacen que el mercado inmobiliario español en el futuro sea
especialmente atractivo para países como Francia, Alemania y Gran Bretaña como
son la menor densidad de población española –con diferencia-, el clima más
favorable...etc. Cuando se apruebe la Constitución Europea, si un día llega, y
sea posible votar en cualquier capital, para el ciudadano francés y alemán
jubilado será especialmente atractivo una tercera residencia en España dónde
pasar el invierno.
El Partido Popular debería afrontar
este problema de los desahucios y buscar soluciones porque ahí está el futuro
de muchas familias españolas; y nunca dejar que se lo apropien en exclusiva los
partidos radicales de izquierdas porque en estos temas nunca solucionan nada
sino qué simplemente lo utilizan de bandera como una forma de introducir
ideologías.
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